La firma aún no resuelve si reanudará operaciones en su planta de proceso de Calbuco, aunque estima daños "cuantiosos".
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El Mercurio
El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, hizo un "llamado muy ferviente a deponer la violencia, verbal y física", y a que las partes "se pongan de acuerdo cuanto antes" en el conflicto que enfrenta a la empresa Aguas Claras y sus trabajadores.
El secretario de Estado descartó haber mediado en el conflicto, luego que ayer estuviera por más de dos horas en la Intendencia de los Lagos. "La definición del Gobierno ha sido muy clara: esto es un conflicto entre privados. Lo que hemos hecho, como dice el intendente (Sergio Galilea), es ser lubricadores. Se trata de que ojalá las partes se pongan de acuerdo y que este conflicto termine lo antes posible".
Agregó que "aquí son muchos los puestos de trabajo que están en juego, (...) y creo que este conflicto se ha extendido más de lo necesario y sería bueno que encontraran un arreglo".
Pérez Yoma descartó una mesa de diálogo, como planteó la UDI, al alertar del incremento de conflictos entre trabajadores y empresas. "No compartimos esa opinión de la UDI", dijo. "La empresa y sus trabajadores debieran juntarse cuanto antes. Ustedes saben que yo soy el inventor de la mesa de diálogo. Eso me parece muy bien, pero no creo que en este momento sea necesario. Lo que importa es que la empresa y los trabajadores se junten, se sienten y resuelvan este problema", recalcó.
A fojas cero
Las conversaciones entre las partes se encuentran en punto muerto tras el fallido intento de monseñor Cristián Caro, arzobispo de Puerto Montt, quien, acogiendo el llamado de los trabajadores, intentó facilitar un encuentro nunca concretado.
Mediante un comunicado público, el prelado dijo que había "hecho todo lo posible para acercar posiciones de la empresa y los trabajadores, pensando en el bien común y la paz social". Aunque aclaró que no correspondía a la Iglesia asumir la función de garante. Monseñor Caro invitó a los fieles, "en el tiempo de cuaresma", a orar por una solución pacífica de la situación, cuya prolongación daña a todos.
La empresa, en tanto, no resuelve aún si reanudará las operaciones en su planta de proceso de Calbuco, donde diariamente las pérdidas suman US$ 30 mil. Un comunicado indicó que se evalúan los daños en los cuatro centros de cultivo recuperados la madrugada del sábado, los que se estima "cuantiosos".
Los centros de cultivo estuvieron tomados entre el 11 y 16 de febrero. Un informe preliminar indica "una importante mortandad de peces, como consecuencia de la toma ilegal". No aclara si corresponde a mortalidades normales no retiradas durante la toma o peces muertos por otras causas, como falta de medicamentos para el caso de los pequeños o de alimentos en los centros de mar.
El abogado de Aguas Claras, Álvaro Varela, dijo que harán valer todos sus derechos "una vez que se determinen los perjuicios en los centros de cultivo y se determine la situación en que se encuentran los peces".
Denuncias de empresa
La compañía presentó cuatro denuncias por usurpación de los centros, daños a las instalaciones, amenazas y lesiones. Estas últimas contra uno de los dueños de la empresa, quien además denunció daños a su vehículo y el robo de un celular.
El fiscal jefe de Puerto Montt, José Veizaga, solicitó el viernes a Carabineros y a la Armada constituirse en los cuatro centros ocupados "para que evaluaran, y, si había una situación flagrante, pidieran la entrega voluntaria, primero, o el retiro. Pero no fue necesario, porque no había ocupantes en ninguno de ellos", explicó. Veizaga precisó que no hay claridad de cuándo fueron desocupados, aunque había certeza de que habían sido tomados cuando los trabajadores acudieron a sacar a quienes alimentaban a los peces en los centros.
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