Las presidentas nacionales de las dos Asociaciones de Funcionarios y la Directora Nacional suscribieron en acto conjunto el Protocolo de Buen trato Laboral a través del cual la Dirección del Trabajo pone en práctica, junto a otras medidas insertas en un plan trienal, el Código de Buenas Prácticas Laborales, impulsado por el gobierno de la Presidenta Bachelet. En el documento se fijan directrices para optimizar las relaciones humanas en la institución. |
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Con la rúbrica de Orietta Fuenzalida, Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Trabajo, ANFUNTCH; María Elena Creus, Presidenta de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Dirección del Trabajo, APU, y Patricia Silva, Directora Nacional del Trabajo, se dio partida a la firma de protocolos regionales. Tal como a nivel central, en cada región se ha realizado un trabajo colectivo en que directivos y dirigentes de funcionarios han diseñado un protocolo representativo de la realidad local.
El buen trato laboral se basa en que, "todos los funcionarios y funcionarias, independientes de su cargo y rol le dan un sentido a su trabajo, además, desarrollan sus funciones en forma armoniosa, empática optimista, motivada y con una actitud de servicio hacia los funcionarios internos y externos", reza el documento.
El protocolo nacional cuenta con ocho puntos entre los que destacan "no practicar acciones que llevan implícitas discriminaciones, ya sea por género, etnia, ideas políticas e ideológicas y "establecer mecanismos de resolución de conflictos, procurando el mejoramiento continúo de la convivencia en la institución".
Contexto Nacional
El Protocolo de Buen Trato Laboral de la Dirección del Trabajo forma parte del Plan Trienal a través del cual la institución pone en acción el Código de Buenas Prácticas Laborales acerca de la no discriminación en la administración central del Estado, promulgado en junio de 2006 por la Presidenta de la República Michelle Bachelet.
El Código fue preparado por una comisión coordinada por el SERNAM e integrada por el Ministerio del Trabajo y el Servicio Civil, órgano que tiene la tarea de realizar el seguimiento de esta norma en los servicios públicos.
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