Lo primero que queremos responder es que los Derechos Laborales son parte de los Derechos Humanos Universales que nuestro país se ha comprometido a respetar y que constituyen la base de las relaciones internacionales, incorporándose incluso en los tratados y acuerdos comerciales internacionales a fin de impedir que el no respeto de esos derechos se transformen en ventajas desleales del intercambio comercial, buscándose así la eliminación del llamado “dumping social”, práctica que puede ser objeto de sanción en el terreno comercial.

Cuando se analiza el rol del Estado frente a las Pymes tiende a considerarse sólo medidas directas en su apoyo. Desde luego, ellas son plausibles. Sin embargo, la función del Estado no puede verse en forma limitada. Se requiere tener presente el conjunto del escenario económico, las políticas macroeconómicas en aplicación, el uso o no de mecanismos regulatorios, los niveles o no de intervención en mercados claves.

La literatura y la practica referida a este tipo de empresas señala que la gran ventaja competitiva de las empresas de menor tamaño (EMT) radica en su flexibilidad, su capacidad para adaptarse rápidamente a los requerimientos del mercado poder crecer y disminuir de tamaño a medida que la demanda así lo requiera, en fin diversas características hermanadas por la flexibilidad en materia de contratación. Si las EMT se ven sometidas a una regulación que limite dicha posibilidad de constituirse en una alternativa flexible, ello equivales a hacerlas perder el grueso de su potencial.